La persecución al castellano ha provocado que un grupo de intelectuales haya preparado un manifiesto en el que exigen a los políticos que garanticen el derecho y el deber a aprender y a usar el castellano tanto en el ámbito público como en el privado.
"Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos , no los territorios. Las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación", dice el manifiesto. Se refieren de esta manera a las políticas agresivas que ya se han aprobado en Cataluña y en Baleares, que pretenden conseguir la supresión del castellano desde el colegio hasta la administración pública, y que están en vías de aprobarse en País Vasco y Galicia.
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