Después del firme compromiso de Zapatero para redimensionar el sector público empresarial, después de que el Gobierno se haya demorado un mes sobre la fecha prevista para perfilar dicho plan y justo después de que Standard & Poor’s haya rebajado la calificación de la deuda española ante las dificultades para sanear las cuentas públicas, lo mínimo que se esperaba es que la vicepresidenta Salgado presentara ayer un ajuste de cierta envergadura.
Sin embargo, el resultado es ridículo. El Gobierno aprobó la salida de 32 altos cargos y la eliminación de 29 empresas públicas. A regañadientes, Salgado tuvo que admitir que todo ello sólo supondrá un ahorro de 16 millones al año. Para la vicepresidenta De la Vega son “medidas rotundas”. Pero seguro que no es esto a lo que se refieren organismos como el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea y –esta misma semana– banqueros y empresarios cuando reclaman al Gobierno que emprenda de inmediato un profundo recorte del gasto.
Para valorar en su justa medida la nimiedad de lo aprobado ayer, sólo hay que recordar que el Gobierno se ha comprometido a recortar el gasto público en 50.000 millones de euros en tres años para cumplir el mandato comunitario de reducir el déficit al 3%. O sea, una gota en el océano. Menudo mensaje acabamos de transmitir a las agencias de calificación y a los mercados internacionales.
Via Expansion
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