Hasta ahora, de hecho, el lobby venía siendo una actividad desarrollada en España por los despachos de abogados más influyentes del país. Los Garrigues, Cuatrecasas y otros apellidos ilustres de la abogacía española son los que han brillado con luz propia a la hora de influir de manera efectiva en la elaboración de leyes y en la resolución de contenciosos multimillonarios entre sus clientes y la Administración. Ahora bien, el lobby no figura anunciado por ninguno de ellos como actividad en un cartel publicitario que delate el carácter real de sus labores profesionales.
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Podríamos llamar a estos nuevos profesionales «coordinadores de servicios que trabajan para conseguir prebendas ante los poderes públicos». Es decir, profesionales que ofertan en un mismo paquete soluciones para todas las necesidades que tiene una empresa o un grupo de presión cualquiera a la hora de canalizar sus peticiones hacia la Administración. Sin embargo, bajo esa nueva denominación, el lobbista sólo ha concentrado tres figuras -el abogado, el experto en publicidad y el encargado de las relaciones públicas y de la imagen ante los medios de comunicación- en una sola oficina. Con ellos, el lobbista ofrece sus servicios a sus clientes en un paquete, «Gabinete de Defensa de Intereses Legítimos», como si se tratara de una pastilla milagrosa que soluciona todos los problemas
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